Se agrava la salud de militares en huelga de hambre en Ramo Verde: uno fue trasladado de emergencia al hospital

El estado de salud de los 36 militares que iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda, continúa generando preocupación entre sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que uno de los detenidos tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Militar de Caracas, después de cinco días de protesta.
El afectado fue identificado como el sargento Alfredo Lobo Medina, cuya hospitalización fue reportada el sábado 14 de noviembre. Sus familiares atribuyen el deterioro de su condición física a la prolongada falta de alimentación y a las restricciones de acceso al agua potable y a los servicios sanitarios denunciadas dentro del recinto.
La protesta comenzó el lunes 9 de noviembre para exigir la revisión de los expedientes judiciales de los militares y su excarcelación.
Ocho militares presentaron complicaciones de salud
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó el viernes 13 de noviembre que ocho de los participantes habían sufrido descompensaciones y necesitaron recibir hidratación por parte del personal médico penitenciario.
Entre los afectados fueron mencionados los sargentos Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla y Catalino Romero, además del teniente Hugo Aparicio y Tony Guevara.
La organización advirtió que algunos de los detenidos presentan problemas de salud previos y secuelas de presuntos episodios de tortura y malos tratos, circunstancias que podrían aumentar los riesgos asociados a una huelga de hambre prolongada.
No se ha difundido un informe médico oficial que permita establecer el estado clínico individual de todos los participantes.
Denuncian aislamiento y restricciones de agua
Los familiares aseguran que los militares fueron aislados en una cancha del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, donde permanecen con acceso restringido al agua potable y a los baños.
Según el OVP, los detenidos habían podido ingresar inicialmente a otras áreas del establecimiento para hidratarse y utilizar los servicios sanitarios. Sin embargo, desde el martes 10 de noviembre se les habría impedido el paso hacia esas instalaciones.
La organización denunció que estas restricciones obligaron a los manifestantes a permanecer en condiciones sanitarias inadecuadas y aumentaron la preocupación por su integridad física.
Los familiares también reportaron que el viernes 13 de noviembre fueron suspendidas las visitas a los 235 privados de libertad del recinto, mientras se reforzó la presencia militar en sus accesos.
Exigen revisión de expedientes y aplicación de la amnistía
La huelga comenzó con 21 militares vinculados al denominado caso Cotiza, detenidos por su participación en los acontecimientos ocurridos en enero de 2019.
Posteriormente se incorporaron otros 15 uniformados relacionados con diferentes procesos judiciales, entre ellos los casos Paramacay, Operación Aurora, Operación Gedeón, Sukhoi, El Palito y los acontecimientos del 30 de abril de 2019.
Entre los 36 participantes se encuentran dos mujeres.
Los militares denuncian retrasos procesales y sostienen que algunos de ellos ya cumplieron las penas que les corresponderían. También reclaman la aplicación de los beneficios previstos en la Ley de Amnistía y su inclusión en las conversaciones políticas que se desarrollan en Venezuela.
Los detenidos consideran que han quedado excluidos de los mecanismos de negociación y de las medidas de excarcelación anunciadas para otros presos políticos.
Clippve exige atención médica y garantías para los detenidos
Ante el traslado del sargento Alfredo Lobo Medina, Clippve exigió atención médica inmediata, información oficial sobre su condición de salud y garantías para proteger al resto de los militares que participan en la protesta.
La organización también solicitó el levantamiento de las restricciones denunciadas y recordó que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de proteger la vida y la integridad física de las personas bajo su custodia.
Por su parte, el OVP pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público para verificar las condiciones de reclusión, investigar las denuncias y establecer mecanismos de atención para los manifestantes.
Hasta el momento de los reportes consultados, no se había divulgado una respuesta oficial detallada de las autoridades penitenciarias sobre las restricciones denunciadas ni sobre las solicitudes judiciales de los militares.
La situación mantiene en alerta a sus familiares, quienes continúan reclamando atención médica, información sobre los detenidos y respuestas a sus solicitudes de libertad.







