La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes 10 de noviembre, por unanimidad, una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que permitirá la participación de empresas privadas y extranjeras en la generación y comercialización de electricidad, después de casi dos décadas de predominio estatal en el sector.

La modificación legislativa fue sancionada tras tres aplazamientos de su discusión definitiva y forma parte de las medidas promovidas por el Gobierno de Delcy Rodríguez para atraer inversiones hacia sectores estratégicos de la economía venezolana.

La reforma llega en medio de una prolongada crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), caracterizada por interrupciones frecuentes del suministro, deterioro de las instalaciones y dificultades para satisfacer la demanda energética del país.

Empresas privadas podrán operar mediante concesiones de hasta 25 años

La nueva legislación autoriza la participación de la empresa operadora del Estado, compañías mixtas y empresas privadas que cuenten con las habilitaciones correspondientes para desarrollar actividades de generación eléctrica.

Las concesiones podrán otorgarse por un período máximo de 25 años y estarán sujetas a las condiciones establecidas por el Ministerio de Energía Eléctrica.

La autorización ministerial será necesaria para proyectos que superen los 50 megavatios de generación o que involucren bienes de dominio público, redes troncales de transmisión, sistemas de distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo.

Al finalizar el período de habilitación, las empresas deberán transferir a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), o a la entidad designada, los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante la vigencia de la concesión, libres de gravámenes.

Jorge Rodríguez asegura que la reforma no implica privatizar el sistema

Durante el debate parlamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la modificación legal y aseguró que el propósito es permitir nuevas inversiones sin transferir completamente el sistema eléctrico al sector privado.

«La Ley no promueve, en modo alguno, la privatización del Sistema Eléctrico Nacional», afirmó.

El parlamentario explicó que las empresas particulares podrán incorporarse a la generación y autogeneración de electricidad, así como desarrollar operaciones comerciales relacionadas con la energía producida.

La reforma mantiene al Estado como responsable de la regulación del servicio y conserva la participación de Corpoelec en las actividades estratégicas del sistema.

Empresas petroleras deberán garantizar su propio suministro eléctrico

Uno de los cambios introducidos establece que las compañías petroleras deberán garantizar la energía necesaria para desarrollar sus actividades primarias mediante sistemas de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros.

La disposición busca que estas empresas dispongan de mayor autonomía operativa y reduzcan su dependencia del suministro eléctrico nacional.

Las compañías petroleras y las sociedades independientes de generación no necesitarán autorización estatal para producir electricidad destinada exclusivamente a sus instalaciones internas, salvo cuando sus sistemas se interconecten con la red nacional.

La reforma contempla nuevas tarifas y subsidios

Jorge Rodríguez también anunció que las tarifas del servicio eléctrico estarán indexadas a la moneda de mayor valor, aunque no precisó los montos que deberán pagar los usuarios.

El presidente del Parlamento indicó que se establecerá un régimen de subsidios para las personas cuyos ingresos no les permitan asumir una tarifa plena.

Según explicó, el esquema buscará diferenciar las condiciones de pago de los hogares de menores recursos respecto de las industrias y establecimientos comerciales.

La aplicación de estas disposiciones dependerá de la reglamentación correspondiente y de los mecanismos tarifarios que establezcan las autoridades.

El sistema eléctrico opera con menos del 40 % de su capacidad de generación

La reforma se produce mientras Venezuela enfrenta problemas de generación, transmisión y distribución de electricidad que afectan a millones de ciudadanos.

De acuerdo con información publicada por Reuters, menos del 40 % de la capacidad instalada de generación eléctrica del país se encuentra operativa.

Las interrupciones del servicio pueden prolongarse durante varias horas e incluso días en determinadas localidades, con consecuencias para el abastecimiento de agua, las telecomunicaciones, la actividad agrícola y el funcionamiento de las industrias.

La falta de mantenimiento, las dificultades financieras y el deterioro de las instalaciones han limitado la capacidad de respuesta del sistema eléctrico.

Buscan atraer inversiones para recuperar la infraestructura

La apertura del sector eléctrico se suma a otras reformas impulsadas por el Ejecutivo venezolano para facilitar la participación de capital privado en actividades petroleras, gasíferas y mineras.

La nueva legislación también contempla mecanismos alternativos para resolver controversias entre las partes, incluidos procedimientos de mediación y arbitraje.

Además, incorpora disposiciones destinadas a promover fuentes de energía renovable y facilitar proyectos de modernización tecnológica.

Tras su aprobación parlamentaria, la reforma deberá completar los procedimientos correspondientes para su promulgación y entrada en vigor.

Aunque la modificación abre nuevas posibilidades de inversión, todavía no se han anunciado proyectos concretos ni plazos que permitan establecer cuándo podrían producirse mejoras en el suministro eléctrico para los usuarios venezolanos.