Familiares de presos políticos venezolanos y personas que estuvieron privadas de libertad denunciaron este martes 27 de octubre presuntos casos de tortura, maltratos físicos y falta de atención médica en centros penitenciarios del país, durante un encuentro con la dirigente opositora María Corina Machado en Caracas.

La reunión contó con la participación de más de 100 familiares de detenidos, víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones defensoras de las garantías fundamentales, quienes expusieron las condiciones que enfrentan las personas que continúan encarceladas por motivos políticos.

Entre las principales preocupaciones manifestadas figuran las enfermedades graves que padecen algunos detenidos, las secuelas físicas atribuidas a presuntos actos de tortura y las dificultades para recibir tratamientos médicos especializados.

Los testimonios también hicieron referencia a las condiciones de reclusión en establecimientos penitenciarios como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, señalados anteriormente por familiares y organizaciones de derechos humanos debido a denuncias sobre el trato a los privados de libertad.

Familia Baduel denuncia graves secuelas físicas por presuntas torturas

Uno de los testimonios más preocupantes fue presentado por integrantes de la familia Baduel, quienes describieron las consecuencias físicas que, según sus denuncias, han sufrido varios detenidos durante su permanencia en prisión.

Un familiar de Andreína Baduel aseguró que su hermano necesita someterse a seis intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las lesiones que habría sufrido durante su detención.

El señalamiento puso nuevamente sobre la mesa las denuncias relacionadas con el estado de salud de personas privadas de libertad y las dificultades para acceder a procedimientos médicos que requieren atención especializada.

Los familiares insistieron en que las lesiones atribuidas a presuntos actos de tortura pueden agravarse cuando no existen condiciones adecuadas para garantizar diagnósticos, tratamientos y seguimiento médico.

«No queremos que los presos políticos mueran en las cárceles del régimen solo por pensar distinto», expresó uno de los participantes durante la reunión.

La declaración estuvo acompañada de un llamado a garantizar la integridad física de quienes permanecen encarcelados y avanzar hacia su liberación.

Alertan sobre detenidos con cáncer y enfermedades autoinmunes

Durante el encuentro, los asistentes también denunciaron la situación de presos políticos que padecen enfermedades oncológicas, trastornos autoinmunes y otras condiciones de salud que requieren controles médicos permanentes.

Según los testimonios presentados, algunos detenidos enfrentan dificultades para recibir atención especializada y tratamientos adecuados dentro de los centros penitenciarios.

Los familiares advirtieron que la falta de seguimiento médico puede agravar enfermedades preexistentes y comprometer la recuperación de quienes necesitan procedimientos quirúrgicos o terapias continuas.

Las denuncias reflejan una preocupación que distintas organizaciones de derechos humanos han planteado durante los últimos meses: la necesidad de garantizar atención médica oportuna a las personas bajo custodia del Estado.

La responsabilidad de proteger la vida y la integridad de los detenidos corresponde a las autoridades encargadas de su custodia, independientemente de las acusaciones penales que enfrenten.

El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro entre los centros señalados

Los testimonios también incluyeron referencias a las condiciones de reclusión en El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, y Fuerte Guaicaipuro, instalaciones que han sido objeto de denuncias por parte de familiares de detenidos.

Entre las situaciones reportadas anteriormente figuran restricciones de comunicación, dificultades para recibir visitas, presuntos malos tratos y problemas de acceso a servicios médicos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que estos establecimientos sean incluidos en mecanismos de supervisión humanitaria y que se permita verificar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.

Los señalamientos expuestos durante la reunión corresponden a testimonios de familiares y participantes. La determinación de responsabilidades por posibles actos de tortura requiere investigaciones independientes y la evaluación de las pruebas correspondientes.

María Corina Machado reafirma su compromiso con los detenidos

El encuentro se produjo dos días después del regreso de María Corina Machado a Venezuela, tras permanecer varios meses fuera del territorio nacional.

La reunión tuvo lugar en la sede nacional de Vente Venezuela, conocida como la Quinta Bejucal, donde la dirigente escuchó los testimonios de familiares y personas que denunciaron haber sido víctimas de persecución política.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela difundió imágenes de la actividad y destacó que Machado reafirmó su compromiso con la justicia y la libertad de quienes permanecen encarcelados.

La organización señaló que las consecuencias de una detención por motivos políticos también afectan a los familiares, quienes enfrentan largos períodos de separación e incertidumbre.

«Detrás de cada preso político hay una familia que resiste, una madre que espera, hijos que extrañan y seres queridos que se niegan a perder la esperanza», expresó el comité.

Asimismo, aseguró que continuará respaldando las exigencias de libertad y justicia formuladas por los allegados de los detenidos.

Familiares mantienen sus reclamos por la liberación de los presos políticos

La reunión forma parte de una serie de actividades desarrolladas por organizaciones y familiares que reclaman respuestas sobre la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.

Algunos grupos mantienen protestas y vigilias para solicitar excarcelaciones, atención médica, realización de audiencias y cumplimiento de decisiones judiciales.

Entre estas iniciativas figura el campamento instalado desde junio en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, donde familiares han permanecido durante meses para visibilizar sus demandas.

Los participantes consideran que el regreso de Machado representa una oportunidad para dar mayor atención pública a sus denuncias y mantener la presión por la resolución de los casos pendientes.

Sin embargo, sus reclamos también están dirigidos a las autoridades judiciales y penitenciarias, responsables de garantizar las condiciones de reclusión y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Organizaciones exigen garantías para la integridad de los detenidos

Las denuncias presentadas durante el encuentro reavivan el debate sobre las condiciones del sistema penitenciario venezolano y la protección de las personas detenidas por razones políticas.

El acceso a servicios de salud, la prevención de torturas, la comunicación con familiares y abogados y el respeto al debido proceso constituyen obligaciones establecidas en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Convención contra la Tortura, de la que Venezuela es Estado parte, establece la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura.

Asimismo, las reglas internacionales sobre el tratamiento de personas privadas de libertad reconocen que los detenidos deben recibir atención sanitaria adecuada y que sus necesidades médicas no pueden ser desatendidas por su condición jurídica.

Los familiares reiteraron que su principal preocupación es evitar que las personas encarceladas sufran daños irreversibles mientras permanecen bajo custodia estatal.

La jornada concluyó con nuevas exigencias de libertad, justicia y atención médica para los presos políticos, en medio de las expectativas generadas por el regreso de María Corina Machado y la continuidad de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos.