La inseguridad alimentaria continúa afectando a millones de venezolanos durante 2026, pese a una mejoría en los indicadores registrados durante el último año. Un estudio de la firma Consultores 21 revela que el 56 % de los hogares del país enfrenta algún grado de dificultad para garantizar su alimentación, una situación que ya no se limita a los sectores de menores ingresos, sino que también alcanza a una proporción considerable de la clase media.

Los resultados muestran una reducción de 11 puntos porcentuales respecto a mayo de 2025, cuando el indicador se ubicaba en 67 %. Sin embargo, la disminución no significa que las familias hayan recuperado plenamente su capacidad de compra, debido a que los ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

La investigación refleja que numerosos hogares continúan enfrentando incertidumbre sobre la disponibilidad de alimentos para los días siguientes, mientras el aumento de los precios y la pérdida del poder adquisitivo condicionan sus decisiones de consumo.

La situación contrasta con las declaraciones del gobierno venezolano sobre los avances alcanzados en materia alimentaria, especialmente después de los anuncios realizados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante encuentros internacionales relacionados con la lucha contra el hambre.

La inseguridad alimentaria alcanza al 47 % de la clase media

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio de Consultores 21 es la extensión de las dificultades alimentarias hacia sectores que tradicionalmente contaban con mayores posibilidades económicas.

Según la investigación, el 47 % de los hogares pertenecientes a la clase media y media-popular presenta algún nivel de inseguridad alimentaria, lo que evidencia que las restricciones para adquirir alimentos afectan a distintos grupos socioeconómicos.

Entre los sectores pobres, que representan aproximadamente el 60 % de la población considerada en el estudio, la proporción de hogares afectados alcanza el 60 %.

Estas diferencias muestran que, aunque la vulnerabilidad continúa siendo mayor entre las familias de menores recursos, una parte importante de los hogares de ingresos medios tampoco dispone de suficiente estabilidad económica para garantizar una alimentación adecuada.

La inseguridad alimentaria comprende situaciones que van desde la preocupación por no contar con recursos para comprar alimentos hasta la reducción de la cantidad o calidad de las comidas.

Los ingresos familiares aumentan, pero siguen siendo insuficientes

El estudio también identifica un incremento en el ingreso mensual promedio de los hogares venezolanos, que pasó de 357 a 435 dólares.

La diferencia representa un aumento de 78 dólares mensuales, equivalente aproximadamente al 21,8 % respecto al nivel anterior.

No obstante, ese crecimiento continúa siendo insuficiente frente al costo de las necesidades básicas, estimado en casi 900 dólares mensuales según los datos recogidos en la investigación.

La distancia entre los ingresos y los gastos necesarios para sostener un hogar explica por qué la mejoría de algunos indicadores económicos no se traduce necesariamente en una recuperación de las condiciones de vida.

Las familias deben distribuir sus recursos entre alimentación, transporte, servicios, vivienda y otras necesidades esenciales, lo que limita la cantidad de dinero disponible para adquirir productos alimenticios.

En este contexto, el aumento de los ingresos no garantiza por sí solo una mejor alimentación, especialmente cuando los precios de los productos básicos continúan elevados.

La inflación mantiene la presión sobre el consumo de alimentos

La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET) advirtió en sus evaluaciones de 2026 que la inflación y la volatilidad de la moneda venezolana siguen afectando el acceso de la población a los alimentos.

En su perspectiva para febrero-septiembre de 2026, el organismo proyectó la persistencia de condiciones de inseguridad alimentaria Acentuada, clasificadas como Fase 2 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), a escala nacional.

También identificó riesgos de condiciones de Crisis, correspondientes a la Fase 3, entre hogares pobres que carecen de ingresos en dólares o tienen acceso limitado a programas de protección social.

Las zonas urbanas y periurbanas, particularmente los asentamientos informales alrededor de Caracas y sectores del estado Zulia, figuraban entre las áreas de mayor preocupación.

El organismo estimó para febrero de 2026 que entre 1,5 y 1,99 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria humanitaria, aunque proyectaba una disminución gradual de esa población hasta septiembre si mejoraban las condiciones económicas.

Estas estimaciones utilizan una metodología diferente de la encuesta de Consultores 21, por lo que sus resultados no deben interpretarse como mediciones equivalentes.

Disminuye la cobertura de las bolsas de alimentos CLAP

La investigación también señala un retroceso en la cobertura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa gubernamental creado para distribuir productos alimenticios subsidiados.

Según los resultados, apenas el 6 % de las familias recibe actualmente bolsas de alimentos con periodicidad mensual, mientras que el 52 % asegura que ya no recibe estos productos.

La reducción de las entregas limita una de las formas de apoyo alimentario utilizadas durante años por los hogares de menores ingresos.

Para las familias que dependen de estos mecanismos, la falta de regularidad en la distribución representa una dificultad adicional, debido a que deben cubrir con sus propios ingresos una mayor proporción de sus necesidades alimentarias.

La situación también refleja cambios en el alcance de los programas públicos de abastecimiento, cuya capacidad de atención ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y especialistas.

Organizaciones cuestionan las cifras alimentarias presentadas por el gobierno

La situación de la seguridad alimentaria volvió al centro del debate después de la participación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebradas en Roma.

Durante esos encuentros, el Ejecutivo presentó el plan Venezuela Alimenta como parte de su estrategia para avanzar en la reducción del hambre.

Anteriormente, en septiembre, la representación venezolana ante Naciones Unidas había asegurado que la inseguridad alimentaria se había reducido hasta aproximadamente el 5,3 %.

Sin embargo, organizaciones sociales y académicas cuestionaron los indicadores presentados por las autoridades y solicitaron mayor transparencia sobre las condiciones reales de alimentación de la población.

Entre las instituciones que suscribieron un pronunciamiento conjunto figuran la Alianza Venezolana por la Salud (AVS), el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV), el Centro de Investigaciones en Antropología y Alimentación de la Universidad de Los Andes (CIAAL-ULA), la Fundación Bengoa, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y el Grupo Social Cesap.

Las organizaciones advirtieron sobre la persistencia de dificultades para acceder a una alimentación suficiente y nutricionalmente adecuada.

Las diferencias entre los indicadores oficiales y las investigaciones independientes también plantean la necesidad de conocer las metodologías, períodos de medición y poblaciones consideradas antes de establecer comparaciones directas.

La recuperación económica todavía no garantiza una alimentación adecuada

Aunque los resultados de Consultores 21 muestran una reducción de la inseguridad alimentaria respecto a 2025, el panorama continúa marcado por dificultades económicas que afectan tanto a los hogares pobres como a sectores de ingresos medios.

La disponibilidad de productos en los establecimientos comerciales no significa necesariamente que todas las familias puedan adquirirlos, debido a las diferencias entre los precios y los recursos económicos disponibles.

Especialistas y organizaciones dedicadas a la nutrición han advertido que las restricciones prolongadas en el consumo pueden afectar la calidad de la dieta y dificultar el acceso regular a alimentos variados.

Los resultados de 2026 muestran una mejoría estadística frente al año anterior, pero también evidencian que más de la mitad de los hogares venezolanos continúa enfrentando algún nivel de inseguridad alimentaria.

La evolución de los ingresos, el comportamiento de los precios y el alcance de los programas de asistencia seguirán siendo factores fundamentales para determinar si la reducción observada puede traducirse en mejoras sostenidas en las condiciones de alimentación de la población.