La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el gobierno de Estados Unidos deportó a más de 500 migrantes de distintas nacionalidades hacia países africanos de los que no son originarios, incluidos ciudadanos venezolanos, mediante procedimientos que, según la organización, vulneraron garantías fundamentales del debido proceso.

La denuncia señala que las autoridades estadounidenses recurrieron a acuerdos con terceros países para trasladar a personas sujetas a procedimientos migratorios, sin ofrecerles, en determinados casos, oportunidades adecuadas para cuestionar su expulsión o los riesgos que podrían enfrentar en sus nuevos destinos.

Cuestionan las garantías legales de los deportados

HRW advirtió que el envío de migrantes a países con los que no mantienen vínculos familiares, culturales o de nacionalidad plantea serias preocupaciones sobre su seguridad y protección jurídica.

La organización cuestionó especialmente las condiciones en las que se ejecutaron los traslados y la posibilidad de que los afectados pudieran presentar recursos legales antes de ser enviados a territorio africano.

Entre los migrantes mencionados figuran venezolanos que, de acuerdo con la denuncia, fueron incluidos en estos procedimientos de deportación hacia terceros países.

Advierten sobre riesgos para los derechos humanos

La organización sostuvo que las deportaciones deben respetar las obligaciones internacionales de Estados Unidos, particularmente cuando existen posibles riesgos de persecución, tortura u otros tratos prohibidos en los países de destino.

También alertó sobre las dificultades que pueden enfrentar los deportados para acceder a representación legal, comunicarse con sus familiares y obtener información sobre su situación migratoria una vez trasladados.

Política migratoria bajo cuestionamiento

Las deportaciones hacia terceros países forman parte de las medidas aplicadas por la administración de Donald Trump para acelerar las expulsiones de extranjeros desde territorio estadounidense.

Estas prácticas han generado controversias jurídicas y cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente por la necesidad de garantizar evaluaciones individuales y mecanismos efectivos de protección.

HRW insistió en que el control migratorio no exime a las autoridades de cumplir las garantías legales ni las obligaciones internacionales relacionadas con la protección de las personas deportadas.