Un total de 118 adolescentes fueron imputados en Venezuela entre 2024 y 2025 por delitos contemplados en la denominada Ley contra el Odio, según cifras divulgadas por Cecodap, organización dedicada a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, cuestionó las condiciones en las que fueron procesados los jóvenes y aseguró que el sistema de justicia no respetó en estos casos las garantías mínimas establecidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

Cecodap pide revisar los casos de los adolescentes

El pronunciamiento ocurre en medio de la discusión abierta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien solicitó una reforma parcial de la Ley contra el Odio, instrumento aprobado en 2017.

Trapani planteó que cualquier modificación de la legislación debe tomar en consideración lo ocurrido con los adolescentes procesados durante los últimos años y garantizar la protección especial que corresponde a los menores de edad.

Los 118 casos corresponden a 2024 y 2025, período marcado por las detenciones producidas durante la crisis política y las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024.

927 personas han sido imputadas desde 2017

El debate trasciende los casos de menores de edad. Foro Penal contabiliza al menos 927 personas imputadas por incitación al odio desde que la legislación entró en vigencia en 2017.

De ese total, seis permanecen detenidas y otras 638 mantienen medidas restrictivas de libertad, de acuerdo con el balance divulgado por la organización.

La legislación establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia.

Comienza discusión para reformar la ley

La Asamblea Nacional instaló este lunes 5 de octubre una comisión especial encargada de elaborar la reforma. Entre las primeras propuestas figura incluso modificar el nombre del instrumento y denominarlo Ley para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios periodísticos y sectores políticos han planteado que una reforma parcial resulta insuficiente y reclaman su derogación, argumentando que la legislación ha sido utilizada para restringir la libertad de expresión.

El propio presidente de la comisión especial, Pedro Infante, reconoció durante su instalación que la ley fue aplicada de manera inadecuada en algunos casos.

La cifra presentada ahora por Cecodap incorpora la situación de los adolescentes al debate y coloca el foco no solo en el contenido de la futura reforma, sino también en qué ocurrirá con quienes fueron procesados bajo la legislación vigente.