El gigantesco acuerdo petrolero alcanzado entre Venezuela y Estados Unidos abrió una nueva controversia apenas días después de su anuncio, luego de que abogados y especialistas del sector energético cuestionaran su transparencia, legalidad y las condiciones bajo las cuales Washington participará en la explotación de 17 campos venezolanos.

Una investigación publicada este lunes por Reuters revela que el convenio no fue sometido a un proceso competitivo y que sus negociaciones permanecieron en secreto hasta la semana pasada, mientras Venezuela todavía desarrolla una profunda reforma de su marco petrolero y continúa adaptando empresas mixtas y contratos a las nuevas condiciones.

Los contratos completos todavía no son públicos

Una de las principales interrogantes gira alrededor de los documentos que establecen exactamente cómo funcionará el acuerdo.

Donald Trump anunció que Estados Unidos obtuvo control mayoritario sobre proyectos asociados con más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano y señaló que la operación se realizará mediante una asociación con empresas privadas.

Sin embargo, Washington todavía no ha identificado públicamente todas las compañías que estarán encargadas de operar los campos en su representación. Reuters señala además que la Casa Blanca remitió sus preguntas al Departamento de Energía, que no respondió a la solicitud de comentarios. El Ministerio de Petróleo venezolano y PDVSA tampoco respondieron.

La ausencia de los documentos contractuales impide conocer con precisión aspectos fundamentales como obligaciones de inversión, distribución de riesgos, mecanismos para resolver controversias, duración efectiva de las concesiones y condiciones bajo las cuales las empresas seleccionadas podrán explotar los yacimientos.

Estados Unidos tendría 55% de participación

Reuters aporta ahora un dato particularmente relevante sobre la estructura prevista.

Estados Unidos tendría una participación de 55% en la asociación creada para desarrollar los 17 campos petroleros. Ese porcentaje le otorgaría la posición mayoritaria dentro del proyecto.

El esquema también permitiría aumentar progresivamente el volumen de petróleo venezolano enviado hacia Estados Unidos. Actualmente, aproximadamente 60% de las exportaciones petroleras venezolanas tiene como destino el mercado estadounidense, según Reuters.

Trump ha relacionado el nuevo suministro venezolano con su estrategia para reconstruir la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que cayó este mes hasta aproximadamente 290 millones de barriles, cerca de su nivel más bajo en 44 años.

Expertos plantean dudas sobre la legalidad

El debate no se limita a las condiciones económicas.

Especialistas consultados por Reuters consideran que existen interrogantes jurídicas porque Estados Unidos tendría capacidad para seleccionar el modelo y las compañías encargadas de operar los campos.

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, advirtió que el hecho de que el gobierno venezolano sea reconocido formalmente por Washington no elimina la posibilidad de que el convenio pueda ser impugnado judicialmente en el futuro.

Esto no significa que un tribunal haya declarado ilegal el acuerdo.

Por ahora existen cuestionamientos de especialistas sobre su compatibilidad con el marco jurídico venezolano y sobre los procedimientos utilizados para estructurarlo.

Advierten riesgo para la institucionalidad venezolana

Luisa Palacios, investigadora sénior adjunta del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, planteó otra preocupación.

La especialista considera que si el objetivo estadounidense era disminuir el riesgo de invertir en Venezuela, la forma escogida podría tener el efecto contrario al debilitar todavía más un marco institucional que ya considera frágil.

La observación resulta especialmente relevante porque cualquier inversión petrolera de esta magnitud necesita seguridad jurídica durante décadas.

Los proyectos deberán sobrevivir cambios de gobiernos, modificaciones legislativas, disputas comerciales y eventualmente decisiones de tribunales nacionales o internacionales.

También cuestionan cuánto recibirá Venezuela

El aspecto fiscal es otra de las áreas sometidas a escrutinio.

Delcy Rodríguez ha anunciado que el acuerdo tendría una duración de al menos 25 años, movilizaría aproximadamente 100.000 millones de dólares en inversiones y generaría 209.300 millones de dólares en regalías e impuestos para Venezuela.

Según las cifras presentadas por el gobierno venezolano, alrededor de 19 dólares de cada barril producido quedarían en manos del país.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, cuestionó los ingresos fiscales anunciados y sostuvo que parecen extraordinariamente bajos.

El señalamiento constituye el análisis del especialista. Reuters indica que existen dudas sobre si los ingresos fiscales proyectados se encuentran por debajo de lo establecido por la legislación venezolana.

Reuters obtuvo nuevos detalles sobre dónde están los 65.000 millones de barriles

La investigación aporta además información que hasta ahora no había sido divulgada con este nivel de precisión.

Los aproximadamente 65.000 millones de barriles procederían de 17 campos. Una lista vista por Reuters señala que la mayor concentración de reservas se encuentra en ocho grandes bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras los demás activos están distribuidos en áreas del Lago de Maracaibo.

Esto confirma que las dos grandes regiones históricas y potenciales de producción venezolana tendrán funciones diferentes dentro del proyecto.

El Lago de Maracaibo ofrece campos maduros e infraestructura existente que necesita importantes reparaciones, mientras algunas áreas de la Faja del Orinoco requieren desarrollos mucho más amplios para explotar su petróleo extrapesado.

Un estudio calcula 63.700 millones de barriles probados

Reuters también cita un análisis de la consultora Gas Energy Latin America.

La firma calculó que los campos involucrados contienen aproximadamente 63.700 millones de barriles de reservas probadas utilizando un factor de recuperación técnicamente posible de 20%.

Sin embargo, alcanzar ese nivel de recuperación todavía no se ha conseguido.

Esto introduce una diferencia fundamental entre petróleo existente bajo tierra, reservas técnicamente recuperables y barriles que realmente pueden producirse y comercializarse.

Los 65.000 millones de barriles no representan, por tanto, petróleo inmediatamente disponible para Estados Unidos.

Desarrollar completamente los campos tomaría más de 25 años

Este punto resulta particularmente importante frente a la duración anunciada por Delcy Rodríguez.

Aunque Caracas sostiene que el convenio tendrá al menos 25 años, especialistas consideran que desarrollar completamente las reservas involucradas necesitaría más tiempo.

La explicación está en la enorme escala del proyecto.

En el Lago de Maracaibo existe producción que podría recuperarse mediante reparación de infraestructura, rehabilitación de pozos y nuevas inversiones. Eso permitiría obtener algunos barriles adicionales en un período relativamente menor.

La situación es diferente en las áreas todavía no desarrolladas de la Faja del Orinoco, donde será necesario construir infraestructura y desarrollar proyectos capaces de producir y procesar crudo extrapesado.

Los campos combinan activos existentes y nuevos desarrollos

La composición de los 17 campos podría ser una de las claves de la estrategia.

Reuters explica que el conjunto incluye activos conocidos en la industria como brownfields, campos que ya han sido desarrollados y donde existe infraestructura, junto con greenfields, áreas que necesitan nuevos desarrollos.

Esta combinación permitiría comenzar con una base de producción exportable mientras avanzan las reparaciones en el Lago de Maracaibo y, paralelamente, desarrollar durante años las enormes reservas de la Faja del Orinoco.

Eso explicaría por qué el proyecto puede comenzar a producir resultados antes de desarrollar completamente los 65.000 millones de barriles, pero al mismo tiempo necesitar décadas para alcanzar todo su potencial.

Aparece nuevamente el nombre de Alejandro Betancourt

Otro elemento relevante es la posible participación de North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Reuters señala que la empresa ha servido como puente entre Caracas y Washington y que comunicó al New York Times su disposición a trabajar con Estados Unidos, en medio de informaciones que la vinculan con el nuevo acuerdo.

Sin embargo, la participación definitiva de NABEP en el desarrollo de los 17 campos no ha sido detallada oficialmente por Washington.

Este es precisamente uno de los puntos que alimenta las exigencias de transparencia: todavía se desconoce públicamente el listado completo de empresas privadas que participarían en una operación petrolera de esta magnitud.

El acuerdo entra en una etapa de mayor escrutinio

El anuncio inicial de Trump y Rodríguez permitió conocer las grandes dimensiones del convenio: 17 campos, alrededor de 65.000 millones de barriles, más de 100.000 millones de dólares de inversión proyectada y aproximadamente 209.300 millones de ingresos fiscales previstos para Venezuela.

Pero la investigación de Reuters desplaza ahora el debate hacia una cuestión diferente: cómo se construyó jurídicamente el acuerdo y cuáles son exactamente los derechos y obligaciones asumidos por cada parte.

Hasta que los contratos sean publicados, seguirá siendo difícil determinar con precisión qué significa jurídicamente el “control” anunciado por Trump, qué derechos conserva Venezuela sobre la explotación y comercialización, cuáles serán las empresas beneficiarias y cómo se repartirán finalmente los ingresos.